Aporte de don Sergio Donoso
El Gobierno definió los meses de marzo y abril del presente año como los de lanzamiento de su llamada “Agenda Social”, que incluye las promesas de extensión del post natal a seis meses; de eliminación del 7% de cotización para salud de los pensionados y la creación del Ingreso Ético Familiar.
El Ejecutivo declara tener la voluntad de implementar políticas públicas en el ámbito social, en la línea con lo realizado por la Concertación en los últimos 20 años.
Sin embargo, evaluamos que las propuestas presentadas por el Gobierno en el ámbito social son del todo insuficientes.
En nuestro rol de oposición responsable, le pedimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos y que no recurra a su ya majadera costumbre de la letra chica.
En este contexto, planteamos propuestas orientadas a resolver las variadas falencias, omisiones y afectación de derechos adquiridos que contienen los proyectos que ha presentado.
Extensión del post-natal a 6 meses
Propuesta del Gobierno.
El proyecto elimina una serie de derechos, entre los que destaca la disminución del fuero en al menos 3 meses para la mujer embarazada, lo que es un evidente retroceso en materia de derechos laborales.
Este proyecto extiende el post-natal de 3 a 6 meses, manteniendo el tope de pago del subsidio de 66 UF mensuales ($1,4 millones) en los primeros 3 meses, pero disminuyéndolo a 30 UF mensuales ($651.000) para los 3 meses adicionales.
A las mujeres con rentas superiores a 30 UF mensuales se les da la posibilidad de volver a su trabajo en jornada parcial en los 3 meses adicionales de post-natal, lo que se prohíbe para las mujeres de rentas inferiores a dicho monto. Esto implica que para las mujeres cuyo ingreso esté por encima de 30 UF la extensión del post-natal será parcialmente “renunciable”, no obstante la norma general en materia de derechos laborales es que éstos sean irrenunciables.
El proyecto supone un avance en materia de aumento de cobertura del post-natal, al que actualmente sólo tienen acceso las trabajadoras con contrato indefinido, o las independientes que cotizan en el sistema. Pero dicho aumento es muy insuficiente, pues sólo abarca a mujeres con contrato a plazo fijo o por obra o faena pertenecientes al 20% más pobre de la población, estableciendo una serie de restricciones que hacen que sea casi imposible acceder a él.
Propuestas de la Concertación.
La Concertación no está disponible para que se eliminen derechos de las mujeres trabajadoras, en consecuencia no aceptaremos:
a) Rebajar el derecho a fuero maternal. No se puede avanzar a costa del recorte de derechos, como ocurre en la iniciativa del Ejecutivo en materia de fuero. Proponemos que este derecho se mantenga hasta quince meses después del nacimiento del hijo, revisando también las normas de desafuero automático, especialmente para las funcionarias públicas a contrata.
b) Rebajar el tope del subsidio por descanso maternal. El Gobierno propone bajar de 66 UF, que es en la actualidad, a 30 UF, para los 3 meses adicionales.
c) Eliminar el derecho a alimentar al hijo menor de dos años para las mujeres que se desempeñan en jornadas reducidas.
Transformar en renunciables derechos que por naturaleza son irrenunciables.
Que se distinga entre enfermedades graves y gravísimas del hijo menor de un año y la rebaja del subsidio para las primeras. Creemos que el foco para desincentivar el mal uso de las licencias debe estar asociado a una mayor fiscalización y mayores sanciones por su uso inapropiado; lo que supone un rediseño institucional, entre otros, del COMPIN. La propuesta del proyecto de clasificar las enfermedades del niño según su gravedad y pagar subsidios diferenciados resulta engorrosa y difícil de aplicar.
Proponemos realizar un esfuerzo sustantivo en aumentar la cobertura de pre y post natal. A fin de reducir la discriminación respecto del tipo de contrato y la regresividad del beneficio, que acorde a la CASEN 2009 destina el 52% de sus recursos a mujeres del quintil más rico y sólo el 5% al quintil más pobre, proponemos que la extensión de cobertura no se circunscriba sólo al 20% más pobre. Estimamos indispensable extender la cobertura del pre y post-natal a todas las mujeres trabajadoras con independencia de la modalidad contractual, tales como trabajadoras a plazo fijo, por obra o faena, que trabajan en servicios transitorios o temporales, o por servicios determinados, que cuenten con tres cotizaciones previas al momento del embarazo.
Esta medida permitiría favorecer potencialmente a un universo cercano a las 344 mil mujeres que hoy no se desempeñan con contrato indefinido, con un costo anual de US$ 67 millones.
Adicionalmente, en el marco de este proyecto, debiéramos avanzar en garantizar que toda mujer trabajadora que se desempeñe a honorarios, de manera independiente o por cuenta propia o autónoma, pueda gozar de pre y post natal.
Proponemos Garantizar a todas las mujeres trabajadoras su derecho a pre natal y a un post natal de 6 meses.
Proponemos abordar temáticas que el proyecto omite o aborda inadecuadamente. Tales como la situación del derecho a post natal en caso de los partos múltiples o partos prematuros; una verdadera corresponsabilidad de los padres, no meramente discursiva –como plantea el proyecto- o la no equiparación de derechos respecto de los padres adoptivos.
Seguir aumentando la cobertura de educación preescolar. La extensión del post-natal, deseable por su efecto positivo en la salud y el desarrollo infantil, puede tener un efecto colateral en disminuir la ya baja participación laboral femenina de nuestro país. Por ello, complementariamente se debe seguir avanzando de manera decidida en aumentar la cobertura de educación preescolar. En este sentido, es urgente reemplazar el actual sistema de cuidado infantil definido por el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece la obligación de las empresas con 20 o más trabajadoras de cualquier edad a contar con salas cunas o pagar su costo, por un sistema alternativo. Estamos dispuestos a explorar distintas fórmulas de financiamiento para su implementación.
Eliminación del 7% de cotización para salud de los pensionados
Propuesta del Gobierno: El proyecto del Ejecutivo propone la eliminación gradual del 7% de cotización de salud a los pensionados que se encuentran dentro del 40% más pobre de la población. Para los pensionados del tercer quintil, el proyecto propone una rebaja de dos puntos, pasando del 7% actual a un 5%. El proyecto en régimen, el año 2014, tendrá una cobertura aproximada de 773.000 pensionados.
Lo anterior significa que la iniciativa del Gobierno deja afuera a aproximadamente 400.000 jubilados del Sistema de Pensiones Solidarias, que seguirán pagando el 7% de cotización para salud. El proyecto tampoco considera beneficio alguno para los 550 mil pensionados más vulnerables del Sistema de Pensiones Solidarias, por cuanto ellos ya no cotizan para salud desde la reforma previsional de 2008.
Propuestas de la Concertación:
1. Beneficiar a los Pensionados más Vulnerables. Todos los jubilados del Sistema de Pensiones Solidarias requieren de protección, pues aunque muchos no sean pobres, viven en una situación de vulnerabilidad importante. Por ello, proponemos eliminar la cotización del 7% para salud a todos los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias (PBS-APS) cuyas pensiones sean inferiores a $255.000, estudiando –al efecto- la situación de las jubiladas entre 60 y 65 años. Eso implica aumentar la cobertura del proyecto a un total de 1.150.000 pensionados, con un costo total anual aproximado de US$220 millones.
Extender la protección a los Pensionados de Clase Media. Para el resto de los pensionados que no se beneficien con la precitada exención, se propone una rebaja de la cotización para salud en función de su edad y el monto de la pensión, asegurando que puedan acceder a la modalidad de libre elección.
Asegurar financiamiento para una atención de salud de calidad para nuestros pensionados. Dado que la eliminación del 7% en la cotización para salud implica menores ingresos para FONASA, es indispensable que cada peso que deje de percibir por este proyecto sea compensado con recursos públicos. En este sentido, se debe asegurar que se mantendrá el financiamiento del FONASA, así como explicitar la fuente de financiamiento de dicha compensación, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Ingreso Ético Familiar (IEF)
Propuesta del Gobierno. Sebastián Piñera propuso – como candidato- un IEF de $250.000 para una familia de 4 personas, sobre la base de: a) transferencias monetarias, b) capacitación y c) subsidio al empleo.
Lo único que está aprobado hasta ahora (en la Ley de Presupuestos 2011) es una “Asignación Social” de aproximadamente $150.000, aplicada sobre la base del Sistema Chile Solidario, únicamente vía transferencias monetarias, sin incluir capacitación ni subsidio al empleo. Esta asignación beneficia a sólo 136.593 familias, que tengan un puntaje igual o inferior a 4.213 en la Ficha de Protección Social, que corresponde a la categoría de indigentes. Las transferencias exigen algunas condiciones, como asistencia escolar de los niños, que si bien son deseables, en general no parecen muy exigentes.
A todas luces esto dista mucho de un IEF como el comprometido. El Gobierno quedó de enviar este año un proyecto de ley estableciendo el verdadero IEF. Seguimos esperando que cumpla.
Propuestas de la Concertación.
Consideramos que la discusión del IEF debe tener como norte una mejoría de las remuneraciones de los trabajadores en su relación laboral y no una mera transferencia de carácter asistencial para las familias indigentes como plantea el Gobierno. Por ello proponemos:
1. Establecimiento del IEF en ley permanente, que sea una herramienta efectiva y no asistencialista para derrotar la pobreza. El compromiso de campaña del candidato Piñera fue entregar un IEF de $250.000 para una familia de cuatro integrantes. Esto debe establecerse como derecho en ley permanente. Pero debe hacerse de manera no asistencialista. Se debe empoderar a las familias y no hacerlas dependientes de las transferencias del gobierno de turno.
Incorporar un componente pro-empleo como eje principal del IEF. La mejor herramienta para derrotar la pobreza es que los chilenos cuenten con un empleo de calidad. De ahí que las trasferencias asociadas al IEF deben tener su eje en el componente de empleo. El trabajo no sólo da el sustento diario sino que también dignifica a la persona. Es nuestro deber fomentarlo. Esto es muy distinto a la transferencia asistencialista que hasta el momento ha propuesto el Gobierno. En particular, proponemos:
Ampliar la cobertura del subsidio al empleo joven hasta el 60% más pobre de la población.
Ampliar la cobertura del subsidio al empleo a mujeres del 60% más pobre, sin restricción de edad.
Sustentabilidad Financiera de la Agenda Social en el largo Plazo.
Generar beneficios sociales sin financiamiento sustentable de largo plazo constituye abiertamente una irresponsabilidad, pues corren el riesgo de tener que ser recortados ante coyunturas económicas contractivas, momentos en que además es cuando la población necesita más apoyo del sistema de protección social.
Siguiendo este principio, todas las grandes reformas sociales de años recientes fueron de la mano de un sistema que asegurase su financiamiento. Por ejemplo, para la reforma educacional de los años 90 se aprobó elevar el IVA, para la implementación del Plan AUGE en salud se aprobó un paquete de aumentos tributarios, y para la sustentabilidad de la reforma previsional se creó el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) que obliga al Fisco a ahorrar para enfrentar sus compromisos previsionales futuros.
En contraste, la actual administración nada ha señalado sobre el financiamiento de largo plazo de sus programas sociales. En este sentido, preocupa enormemente que se estén creando beneficios sociales permanentes que pudieran estar siendo financiados con ingresos transitorios, como los provenientes del alto precio del cobre o del alza temporal de impuestos aprobada en el contexto de la reconstrucción post terremoto.
Este es un tema muy relevante, ya que los proyectos del Ejecutivo implican cifras considerables de recursos fiscales: según sus propios informes financieros, la eliminación parcial de la cotización para salud demanda 120 millones de dólares anuales y crece un 8% al año, lo que tenderá a aumentar considerablemente con el cambio demográfico; y la extensión del post natal requiere 180 millones de dólares anuales (la mitad de lo cual el Ejecutivo espera se financie con ahorros por menor uso de licencias por enfermedad grave del hijo menor a un año, lo cual no deja de ser una apuesta). Para el Ingreso Ético Familiar, si bien el Ejecutivo aún no presenta una propuesta concreta, la promesa de campaña costaría al menos 500 millones de dólares anuales en régimen.
Siguiendo el principio de responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado, consideramos que toda reforma social significativa requiere sustentabilidad financiera en el largo plazo, por lo que se estima pertinente discutir un cambio tributario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario