El Consejo Nacional de la
Democracia Cristiana, ha resuelto hacer presente lo siguiente:
1.- La vulneración de los
derechos humanos, así como las inequidades al interior de los países y entre
economías nacionales en todas partes del mundo son las verdaderas causas de la
dramática situación de los migrantes y refugiados que en estos días ha
alcanzado insospechada gravedad y visibilidad. Aunque el primer desafío de todo
Estado debe ser el respeto al derecho a no migrar, esto es, a procurar a cada
persona la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida digno y trascendente
en la tierra que lo vio nacer, día a día, personas de los más diversos lugares
del mundo se ven obligadas a abandonar sus países para buscar la seguridad, los
medios de subsistencia y la dignidad que necesitan. Por ello, la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como “a
salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Asimismo,
consagra el derecho “a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Para la Democracia Cristiana, la migración es un derecho y es deber de los
Estados en general, y de Chile en particular, realizar esfuerzos concretos para
hacer efectivo su ejercicio en sus territorios.
2.- En las últimas semanas,
el mundo ha sido horrorizado testigo de las dramáticas connotaciones que la
situación de los migrantes y refugiados en Europa ha adquirido, lo que para
Chile importa una serie de desafíos. En primer lugar, es importante reflexionar
sobre el papel que han jugado los países desarrollados en las causas de la
migración, esto es, en las situaciones que originaron estos desplazamientos de
personas: crisis económicas, guerras, conflictos internos, depredación de
recursos naturales, etc.
En segundo lugar,
corresponde replantearnos la eficacia de las lógicas de control en las
fronteras que han demostrado ser ineficaces para contener la decisión de
quienes, en forma desesperada, buscan la seguridad y prosperidad de ellos y sus
familias. Por último, nos parece que Chile no debe permanecer impávido frente a
este drama que, aunque lejano geográficamente, nos afecta en forma directa, por
un lado al recordar los miles de compatriotas que en diversos momentos de
nuestra historia han necesitado – y recibido – la protección y solidaridad
internacional; pero también, porque en nuestro país contamos con una cantidad
cada vez mayor de personas migrantes que debemos estar en condiciones de
acoger.
3.- En Chile, y en términos
absolutos, la comunidad de inmigrantes es la más numerosa que ha existido en
nuestro país a lo largo de la historia y está compuesta por más de medio millón
de personas. Al mismo tiempo, existe una comunidad de más de mil refugiados a
los que nuestro Estado se ha comprometido a brindar la protección que por
diversos motivos no les es brindada en sus países de origen En materia de
reasentamiento humanitario, 598 personas han sido traídas en el marco de
programas de este tipo, algunos de las cuales son reconocidos como ejemplo en
términos de inclusión y acogida, como ocurrió con el grupo de refugiados
palestinos que llegó a Chile el año 2008 y cuyos beneficiarios, recién hace dos
meses, recibieron su nacionalidad chilena. Así, es claro que en Chile la
migración y la protección del refugio son una realidad presente que, como
Estado, debemos asumir con realismo, responsabilidad y dignidad en su
tratamiento. Con realismo, porque es evidente el fracaso de las políticas
restrictivas y represivas, que solo han provocado vulneración de derechos,
irregularidad migratoria y perjuicios a la comunidad nativa. Con ello, no se
aprovecha la gran oportunidad que la migración significa desde el punto de
vista social, económico y cultural. Los países se favorecen con la migración al
permitir ésta satisfacer las necesidades de contar con una población
económicamente activa, pero sobre todo al reforzar la multiculturalidad, lo que
hace innegable su aporte a la convivencia democrática y al desarrollo.
Con responsabilidad, porque
las medidas y políticas que adoptan los países determinan la fisonomía
sociocultural de sus pueblos por lo que, dadas las características de nuestra
inmigración que es regional, diversa y contributiva al desarrollo, debe ponerse
el acento en políticas que permitan la regularización de la población
inmigrante. Ello ayuda a la integración regional y a la reciprocidad de trato a
los cientos de miles de migrantes chilenos que habitan en el continente. Y con
dignidad, porque Chile no puede desatender la íntima relación que tiene en sus
orígenes y en su historia con el aporte de la migración en su construcción
nacional. Del mismo modo, un país que hace sólo 40 años vio a sus nacionales
siendo recibidos por países hermanos, no puede renunciar hoy al compromiso
moral que ello significa en el tratamiento que damos a otros en la misma
situación.
4.- Reconocemos al gobierno
de la Presidenta Bachelet los esfuerzos que ha desarrollado en esta materia y
que han significado, en primer lugar, el anuncio de una Ley de Migraciones que
deberá ser discutida en el Congreso Nacional así como la creación de un Consejo
de Política Migratoria, que asesorará en la definición de una política pública con
enfoque de derechos en la materia. En segundo lugar, en paralelo a dichas
modificaciones legislativas, y haciendo uso de los espacios que la actual norma
entrega y usando las herramientas administrativas disponibles, ha resuelto una
serie de demandas que el programa gubernamental planteaba, con lo que se ha
podido resolver varios problemas que apuntaban al reconocimiento del trabajador
migrante y a las distintas expresiones de familia existentes en nuestra
sociedad, junto a otras que buscaban facilitar el acceso a la regularización de
la condición migratoria de las personas que residen en el país. Sin embargo,
sea por la normativa obsoleta proveniente de la Dictadura que aún regula la
materia así como porque como sociedad aún no asimilamos los desafíos y complejidades
que un país multicultural y diverso significa, subsisten situaciones que hacen
dificultosa la inserción e integración de las personas migrantes por lo que, al
mismo tiempo que nos sorprendemos y horrorizamos por lo que pasa en Europa,
debemos reflexionar y asumir la realidad de las personas que, igualmente
desesperadas y necesitadas, ya se encuentran en Chile como migrantes y
refugiados.
5.- Es a partir de estas
consideraciones que, como Democracia Cristiana, nos parece un deber declarar lo
siguiente:
a) Convocamos al pueblo
chileno a mirar, con la misma empatía y solidaridad, la situación de quienes
hoy en Europa conmueven los corazones de todo el mundo, con la de aquellas
personas que, en nuestra cotidianidad y en nuestras ciudades, tenemos
oportunidad de acoger e integrar. Pensamos que lo que podemos hacer para
aliviar el sufrimiento de quienes lejos necesitan ayuda no debe hacernos
olvidar los compromisos pendientes que tenemos con los que ya se han hecho
parte de nuestro país.
b) Solicitamos al Gobierno
que encargue el estudio de una iniciativa de reasentamiento humanitario para
familias refugiadas provenientes de Siria que satisfaga los estándares que han
tenido las experiencias anteriores.
c) Apoyamos al Gobierno de
la Presidenta Bachelet en la necesidad y oportunidad de iniciar el debate de
una Ley de Migraciones con un enfoque de derechos, y comprometemos a nuestros
parlamentarios, técnicos y dirigentes sociales para hacer en ella los aportes
que permitan transformarla en la herramienta que procure al mismo tiempo una
gestión eficiente y comprensiva de la migración adecuándola a las necesidades
estatales, y las garantías suficientes que velen por el respeto de los Derechos
Humanos de quienes llegan a residir a nuestro país.
